Tres mareas inundan la calle

20 de Diciembre de 2012

Seré por cuatro minutos el cronista de lo que pasa aquí y ahora.

…. horas y … minutos.

Tres mareas y la cumbre social de numerosos colectivos ciudadanos inundan la calle. Una marea verde que sale de las escuelas para defender la escuela pública; una blanca que sale de los hospitales para defender el sistema público de salud; y una naranja que sale de los barrios para defender los servicios sociales públicos. Juntos. Juntas.

¿Por qué? Porque es necesario reafirmar los términos igualdad, educación, cultura, salud, justicia, democracia, solidaridad, bienestar y pueblo. Y que no se confunda país con mercado. Esa es la disyuntiva. Queremos un país o queremos un mercado.

Si se quiere un país, se debe fundamentar su futuro en la escuela igualitaria, universal, laica y pública. En la investigación, la tecnología, el desarrollo, el saber, la memoria y el pensamiento. Un país con servicios sanitarios, sociales y educativos igualitarios y universales. No un estado con escuelas para élites dirigentes y escuelas para manufactureros a su servicio y donde se haga negocio con el dolor que es un concepto político pre democrático.Una educación aliada del humanismo y la cultura. Someter la cultura al mercado es la derrota del pensamiento. Si la cultura no importa, entonces, somos un mapa, no un país. Tienen que recordar que los libros, la música, el teatro, el cine… son arte, no ocio sometido al mercado. Y que ha de ser para todos. Se llama accesibilidad universal de la cultura. Y si la abandonamos como derecho y como obligación estamos renunciando a nuestra identidad como colectivo y nuestra esencia como humanos. Necesitamos una educación alejada de las cuentas de resultados, del negocio y de los dogmas religiosos.

A la justicia le han levantado la venda de los ojos para saber a quien se juzga y liberar a unos y condenar a otros en virtud de su filiación y su cuenta corriente. Y después de levantarle la venda le han sacado un ojo, el que mira el servicio, para que mire solo por un lado, el del cobro. Las tasas son multas preventivas. Son el sello identificativo que diferencia categorías de ciudadanos. La santificación de la desigualdad: Si tienes, pasas; si no tienes, tragas. Pero sin libertad e igualdad no hay justicia, y sin igualdad real ante la ley y las estructuras que la imparten no hay democracia.

Todos los sueños, las conquistas, los derechos, la aún lejana igualdad que íbamos construyendo para todos, ha sido volada por eliminación en un proceso histórico que podemos llamar la Revolución de los Ricos. Esta Revolución de los Ricos, en un concepto global y de modo premeditado, ha encontrado el momento, la forma y el discurso para terminar con el precario pero fundamental Estado del Bienestar y lograr el fin de la intervención estatal en su mercado que reparte pérdidas pero mantiene la exclusividad de las ganancias. Sus recortes -que llaman reformas-  y sus reformas -que son recortes- han minado este estado del bienestar para que vivamos en un estado del Bienestuvo.

No quieren un país, quieren un mercado, a no ser que crean que país es un trapo coloreado y una cuenta corriente en un banco rescatado por todos y que todos protejamos sus privilegios. El concepto es simple: sociedades que rescatan personas, no personas que rescaten bancos. Eso es robar. Aunque ese concepto si se entienda bien. Lo llaman privatizar, despedir, congelar, recortar, incluso tienen la desvergüenza de llamarlo ahorrar, pero todos sabemos que estamos hablando de robar. Robar lo público para repartírselo en privado. Denostando lo público como si lo privado pudiera servirnos a todos.

Porque esas escuelas, hospitales, servicios o justicia que defendemos en una marea tricolor son nuestros. Nuestros. No estamos ocupando una calle, no nos están regalando nada. Es nuestro. Público. De la gente. Del pueblo, de todos. ¿También tenemos que explicar qué significa “de todos”?  Quienes gobiernan hoy -mañana ya veremos- sólo son los encargados de su gestión. Y si confunden gestión con disolución no tienen solo un problema semántico, tienen un grave problema democrático que les incapacita para representar al pueblo. No a una mayoría silenciosa sino a una ciudadanía consciente de sus derechos.

Hoy hace 421 años que le cortaron la cabeza a Juan de Lanuza en la pza del Mercado de ZGZ, junto al actual Mercado Central. Día de las libertades de los aragoneses y las aragonesas y de cualquiera que haya decidido vivir aquí aunque no tenga papeles que le avalen. Esta es una amarga metáfora. Porque hoy decapitan al estado autonómico cuestionando las comunidades y la autonomía local, recentralizando las decisiones y obviando la voluntad de las ciudades y su ciudadanía. Porque de eso se trata entonces: de reformar España sin los españoles dentro, de redefinir Aragón sin los aragoneses dentro, de olvidarse del significado de otra palabra: ciudadanía. Ciudadanos un día, súbditos cuatro años?. Necesitan reflexionar sobre el término democracia y recordar que una mayoría parlamentaria no es el permiso para el absolutismo recortador que perpetran.

Somos marea que inunda las calles para defender lo público. Cada gota sumada a otras gotas para derramarse juntas porque no quieren pagar su deuda y su modelo que significan paro, abandono y precariedad.

No decimos nada nuevo, estamos reivindicando lo evidente. Un discurso básico porque lo básico está siendo destruido.

Ellos reman en la disolución contra viento y marea.

Los aquí presentes y las decenas de organizaciones cívicas convocantes, caminamos en la defensa de lo público con cierzo y mareas.

Y cuando la marea viene, viene. No hay quien la pare.

Las 20 h y … minutos: Fin de esta crónica de urgencia.

 

MOVIMIENTO HACIA UN ESTADO LAICO

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Érase una vez un país donde había separación real de la Iglesia y el Estado.

Donde todas las entidades (tuvieran o no carácter religioso) eran tratadas con igualdad de derechos y deberes, tributarios o de cualquier tipo.

Donde los recursos educativos se dedicaban a enseñar ciencia y conocimiento, y no creencias personales.

Donde había una escuela en la que se formaba a ciudadanos democráticos y responsables, y no a creyentes.

Un país donde se dedicaban fondos a la investigación de enfermedades y no al mantenimiento del clero.

Donde los grupos fundamentalistas no influían en las leyes.

 

En el Movimiento Hacia Un Estado Laico, MHUEL, trabajamos para que esos deseos se hagan una realidad.

Feliz  Año 2013

Stea, CGT, Marea Verde y MHUEL advierten de “irregularidades” en la concertación de unidades educativas

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  • EUROPA PRESS. 17.12.2012

Los sindicatos Stea y CGT, el colectivo Marea Verde y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) han advertido de “irregularidades” en la concertación de unidades en la escuela privada concertada de la Comunidad autónoma aragonesa, ya que se mantienen unidades concertadas “con apenas alumnos”.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la representante de CGT, Teresa Olalla, quien ha comparecido acompañada del miembro de Stea, Raúl Guerrero, el portavoz de Marea Verde, Alfonso Alegre, y la presidenta de MHUEL, Asunción Villaverde.

Estos colectivos han creado un foro, abierto a quien desee sumarse a él, en rechazo de los “privilegios” de la educación concertada y han anunciado movilizaciones a partir de enero, también en rechazo al anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que “privatizará el sistema educativo”.

Asimismo, han apostado por “ir caminando hacia una red pública única” de centros y, mientras sea necesario concertar unidades, que se haga aplicando los mismos criterios que se utilizan para el mantenimiento de unidades en la escuela pública y “se controlen los datos de matrículas y vacantes con el mismo celo” en ambas redes, ha apuntado Teresa Olalla.

En este sentido, ha precisado que los últimos datos de la Comisión de Garantías de Secundaria de la ciudad de Zaragoza, celebrada a finales de septiembre, “confirman la existencia de concertaciones de aulas vacías en cinco centros, que en septiembre mantienen el mismo número de vacantes que en junio”.

Según ha informado, esos centros poseen entre 35 y 30 vacantes en cursos como tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), “lo que supone un aula vacía”, algo que también ocurre en colegios de otras poblaciones, como Zuera o La Almunia de Doña Godina.

En esta última, un centro concertado poseía en junio dos grupos de primero de la ESO concertados, con 57 plazas vacantes, concertación que se ha mantenido este curso, mientras que se han suprimido dos unidades en el Instituto de Educación Secundaria (IES) de la misma localidad, de forma “en septiembre se ocuparon las vacantes” del colegio, dejando al IES con las dos unidades suprimidas, han relatado la representante de CGT.

A su entender, “estas irregularidades deben suponer la anulación del concierto”, para lamentar el “agravio” que implica que frente al mantenimiento de estas aulas, “se supriman unidades y docentes en los centros públicos” y ha comentado que en el curso 2012-2013 “se han cerrado unidades de Educación Infantil en algunos centros públicos y se han renovado conciertos en Infantil en la misma zona”.

Estos colectivos han reivindicado que no se concierte ninguna unidad más, que no se renueven conciertos en etapas no obligatorias y que en aquellas zonas donde ha bajado la población escolar, antes de suprimir unidades en la pública, “no se concierte con centros privados”.

DESEQUILIBRIO

La representante de CGT también se ha referido al “desequilibrio” en la distribución de alumnado extranjero y con necesidades de apoyo educativo entre la red pública y la concertada.

Así, ha manifestado que según el último informe del Consejo Escolar de Aragón, del curso 2010-2011, “datos que no han variado”, el 78 por ciento del alumnado extranjero está en centros públicos, el 20 en centros concertados y el dos por ciento en centros privados.

Además, el 67,7 por ciento de los escolares con necesidades de apoyo educativo se encuentran en la escuela pública en el caso de la ciudad de Zaragoza, y el 32,2 en la concertada; el 76,9 y el 23,1 por ciento, respectivamente, en Huesca capital, y el 71,8 y el 28,2, en la ciudad de Teruel.

Olalla se ha preguntado “por qué no se reparte de forma equitativa el alumnado” y por qué no se exige a los centros concertados “que el 20 por ciento más que reciben como pago delegado lo inviertan en atender las necesidades del alumnado y no sean los orientadores de los equipos que atienden a los centros públicos quienes tengan que acudir a los colegios concertados”.

La representante de CGT ha expuesto, igualmente, que ha habido reducción de programas y servicios en la escuela pública, que se han incrementado en la concertada. Concretamente, ha sostenido que el curso pasado había 50 programas educativos para 78 centros públicos y este curso hay 49 para 68 centros públicos y concertados.

Además, los auxiliares de conversación han pasado de estar en 58 centros públicos a 47 entre centros públicos y concertados y el precio mensual del comedor escolar ha aumentado este curso de 77 a 96 euros mensuales en centros públicos, mientras que en los concertados ha bajado de 140 a 104.

En materia presupuestaria, ha subrayado que el descenso en Infantil y Primaria en la escuela pública ha sido de 45 millones de euros, el 14,26 por ciento, y en la concertada de 162.000 euros, el 0,24; en Secundaria y FP, de 53 millones, el 14,44 por ciento, en la pública, y de un millón en la concertada, el 1,71 por ciento, en la concertada; y en educación especial, de cuatro millones y un millón, respectivamente, el 8,26 y dos por ciento.

 

Libertad de elección

El representante de Stea, Raúl Guerrero, ha indicado que si la educación privada se concertó en su momento para ser subsidiaria de la pública, con la futura LOMCE “va a ser al revés”, para opinar que la libertad de elección de centro “genera injusticia en el reparto de alumnos”.

Asimismo, ha alertado de que la futura ley generará “centros de élite y centros gueto, clasificará a centros de primera, segunda y tercera categoría, segregará por sexos y solo contempla la gratuidad en la educación obligatoria”, algo que podría suponer “incluso tener que pagar en los centros públicos”.

A este respecto, ha estimado que esta ley es un “intento de privatización” en el que “la batalla está perdida” para la escuela pública, puesto que esta última va a tener “centros públicos con una asignación anual limitada y cada vez más restringida” frente a los concertados, que junto a los conciertos “tienen otras vías de ingresos”.

El portavoz de Marea Verde, Alfonso Alegre, ha argumentado que la futura ley supondrá “la vuelva al adoctrinamiento” en la educación al hacer a la asignatura de Religión y la alternativa evaluables, además de que ha criticado la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Por otra parte, se eliminan las enseñanzas artísticas, tecnificadas y una de las dos asignaturas sobre economía, eliminado las materias “caras”, apostando por aquellas que se evalúan en el informe PISA —impidiendo una “educación integral”— y primando el “criterio ideológico”.

También ha rechazado la libre competencia entre centros porque “los centros concertados segregan y se quedan con una parte” del alumnado, aquel que tiene menos problemas, cuyos resultados van a ser mejores en las evaluaciones previstas, creando “centros elite y centros gueto”.

Alegre ha advertido de la “exclusión” del medio rural puesto que “no va a tener las mismas posibilidades un alumno de una escuela unitaria” rural frente a otro de un centros urbano para prepararse la evaluación prevista en tercero de Primaria.

Por su parte, la presidenta de MHUEL, Asunción Villaverde, ha asegurado que si bien su colectivo es “respetuoso con la creencia de todos”, ha defendido que la Religión “esté fuera de la escuela”, y que la enseñanza se base en “saberes y conocimientos, no en creencias o dogmas”.

Los ayuntamientos reclaman bienes inmatriculados y el pago del IBI a la Iglesia

Solo en Navarra han sido inmatriculadas más de 1200 propiedades por la Iglesia

Vecinos han observado como la Iglesia inmatricula ermitas levantadas y mantenidas por el pueblo

Las comunidades tratan de contabilizar los inmuebles adquiridos tras estos privilegios fiscales

Laura Bautista

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“La Iglesia es un paraíso fiscal”. Así valora Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, los diferentes privilegios que el Estado español otorga a los eclesiásticos. Aunque algunos de estos beneficios se remontan décadas, incluso predemocráticas, es ahora, cuando la crisis ha dejado las arcas municipales tiritando, cuando numerosos pueblos españoles se han topado con la congregación religiosa y el derecho que la ampara. Varias regiones han descubierto que algunas propiedades que creían de su patrimonio, en ocasiones construidas o conservadas por los propios vecinos, son ahora dominio de la Iglesia.

Pocos conocían el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 hasta ahora, que ha pasado a ser la causa de un auténtico revuelo. Esta ley, que amplió sus atribuciones con el gobierno de José María Aznar en 1998, legitima el poder de la Iglesia de inscribir como dominio suyo cualquier inmueble o terreno que no tenga propietario registrado. Cualquier ciudadano se vería obligado a acudir a un notario, pero en este caso la Iglesia se vale por sí misma, ya que un obispo puede ejercer como fedatario público, es decir, puede dar fe de este certificado de propiedad y hacerlo efectivo. Gracias a esta particularidad la Iglesia ha procedido a la inmatriculación de cerca de 1.200 bienes que se encontraban sin registrar desde 1998 hasta 2007.

Según ha descubierto la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, las inmatriculaciones son una práctica muy habitual para la curia. Precisamente esta organización fue la que destapó la polémica costumbre de la Iglesia de vincular a su nombre propiedades sin registrar. Tras un proceso parlamentario, en Navarra han logrado que se realice un inventario de los bienes pertenecientes al arzobispado de Pamplona y obispado de Tudela y el resultado ha sido tan sorprendente como controvertido. Entre 1998 y 2007, además de lugares de culto, han pasado a sus manos fincas, terrenos de pasto, viñas, almacenes, viviendas, trasteros, etc. La lista de propiedades de las que se ha adueñado la Iglesia supera el millar de terrenos, muchos sin ningún fin religioso. “Extienden a lugar de culto todo tipo de propiedades”, asevera Picó, “de esta manera legitiman el registro de cualquier terreno”.

Lo mismo ocurrió en Aragón, donde buscaron hasta con tres preguntas parlamentarias en el Congreso el listado de bienes adjudicados a la Iglesia. No se obtuvo resultado. La respuesta del Ministerio de Justicia a la consulta del diputado Chesús Yuste, miembro del partido nacionalista aragonés Chunta Aragonesista, fue tajante: “En el Ministerio de Justicia no se dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias”. Esta es la primera traba con la que se ha encontrado la comunidad, que ha paralizado todo el proceso por considerar que hacer dichas averiguaciones es como “buscar una aguja en un pajar, tendríamos que consultar finca por finca”, asegura Jorge García, portavoz de Movimiento Hacia Un Estado Laico de Aragón. “El hecho de que una religión tenga atribuciones estatales es contradictorio e ilegítimo”, añade. García cree que este ocultismo de los datos supone una barrera importante. “Es una trampa”, asegura García, “existen intereses enfrentados y una gran falta de transparencia”.

“La mayor propietaria de España”

En este asunto, la Conferencia Episcopal Española remiten al monográfico sobre su financiación, aunque los datos más recientes que ofrecen son de 2010. “No tenemos constancia de los conflictos sobre IBI o inmatriculaciones”, se limitan a asegurar, y añaden que no es un tema de su competencia “sino de la diócesis correspondiente”. Así mismo, Isidro Catela, director de la Oficina de Información de la CEE, sostiene que los privilegios son “una medida de incentivo fiscal con la que el Estado reconoce las actividades de interés general que realizan muchas instituciones”, y considera que “es lógico que el Estado promueva e incentive, también fiscalmente, a quienes trabajan a favor del bien común.”

“La Iglesia Católica es la mayor propietaria en España, incluso por encima del Estado”, asegura Picó. Entre sus inmuebles se encuentra la Mezquita de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad, que ha sido inmatriculada, con el coste mínimo de tasas notariales. Sin embargo, para visitar este edificio hay que pagar entrada,  “con lo que recaudan hasta ocho millones de euros anuales”, cuenta el responsable de comunicación de Europa Laica.

En Guipúzcoa, el obispo ha registrado el solar de la catedral del Buen Pastor a su nombre, a pesar de haber sido un terreno cedido para la construcción del edificio en un acuerdo en 1887, donde quedaba claro que la propiedad del suelo era municipal y que, en el supuesto de que la Iglesia abandonase el uso, volvería a manos del ayuntamiento.

En una batalla legal se vieron envueltos también los vecinos de Ribadulla, una aldea gallega donde el Obispado de Lugo ha puesto en venta el terreno en el que se erige la pequeña capilla, que ellos mismo han conservado y financiado. Ante la negativa de los vecinos, el obispo les ha denunciado, además de dejarles durante cuatro meses sin misa. Algo parecido sufrieron los residentes de Lerga, Navarra, cuando en septiembre de 2011 el Obispado trató de inmatricular la iglesia de Albaiz. Tras las reiteradas quejas de los vecinos, se rectificó y el edificio pasó a ser propiedad municipal.

Otro de los inmuebles registrados según este procedimiento, fue el Hogar del Peregrino en Pamplona, que el ayuntamiento de la localidad tuvo que comprarle a la Iglesia para recuperar su uso público. El coste de este inmueble sostenía cifras cercanas al medio millón de euros, además de 2.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de una parroquia

 

Laura Bautista

 

 

MHUEL participará en las segundas jornadas laicas de Donostia

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II Jornada sobre Laicidad

Estado Laico: Derechos, pluralidad y salud democrática

Casa de las Mujeres

Okendo, 9  Donostia

19 horas

 

12 de diciembre

Mesa redonda: experiencias de laicidad en la vida local

Carmen Urriza Tolosa, Plataforma en defensa del patrimonio navarro
Jorge García, MHUEL – Movimiento hacia un estado laico de Zaragoza
Nathalie Pelage, Comentarios al informe Stasi, Colectivo por la laicidad Laikotasuna
13 de diciembre

Mesa redonda: derechos de las mujeres y estado laico

Chams Abdi (Túnez), activista del sindicato de estudiantes y miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres y el Foro Social
Eman A. Khamas (Iraq), periodista iraquí, activista por los derechos humanos de las mujeres en Iraq
Teresa Maldonado Barahona, Militante feminista y profesora de enseñanza media

Organiza: Laikotasun, colectivo por la laicidad, y Plazandreok

Profesores de Religion

Carta publicada en Heraldo de Aragón

Días atrás, tuvo lugar un acto conjunto del Movimiento Hacia un Estado Laico y de Europa Laica presentándose tanto un “Estudio sobre la religión en la escuela pública” como la “Campaña por una escuela pública laica”.

En el transcurso del cual se comentaron los quinientos millones de euros al año que cuestan a las arcas públicas los profesores de religión. Con dicho importe se podrían contratar hasta siete mil profesores interinos al año en el conjunto del estado. No podemos olvidar que estos profesores han sido contratados “a dedo” por la jerarquía eclesiástica, entrando en la administración educativa por la “puerta pequeña” incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. A este colectivo se les otorga un estatus laboral y un trato privilegiado, plaza fija y abono de su salario los meses de verano, lo que no ocurre con los interinos.

En comunidades autónomas como Euskadi, Cataluña, Andalucía, Canarias, Madrid, … etc. además estos “catequistas” imparten otras asignaturas del currículo, ajenas a la religión, para completar el horario en el mismo centro o en otros; desplazando así al profesorado interino que debería contar con una relación laboral estatutaria con la administración.

Se produce así una inmersión católica en los centros escolares, pudiéndose estar en la antesala de que estos profesionales del dogma puedan ser nombradas directores de los centros; convirtiendo la Escuela Pública en un lugar de adoctrinamiento general acomodando las materias, el currículo, el proyecto educativo, …, a la doctrina católica o a la de cualesquiera otras iglesias.

¿Veremos en el futuro fundamentalistas religiosos dirigiendo centros públicos de enseñanza?

José Antonio Rovira Tolosana,

El retorno triunfal de los fajines morados a las aulas

 

Enlace con el blog de Nives Ibeas

http://nievesibeas.wordpress.com/2012/12/05/el-retorno-triunfal-de-los-fajines-morados-a-las-aulas/

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