La propiedad de las ermitas, bajo vigilancia

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ermita san mateo

Una entidad avisa a los pueblos para evitar que la Iglesia se las adjudique

EL PERIÓDICO 08/11/2013

La ermita de San Mateo de Gállego es objeto de litigio.Foto:EL PERIÓDICO

La asociación aragonesa MHUEL (Movimiento hacia un Estado Laico) ha realizado un llamamiento público a todos los municipios de la comunidad para que vigilen posibles cambios de edificios de uso religioso en el Registro de la Propiedad, a raíz del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que faculta a obispos y arzobispos a actuar como miembros de una corporación de derecho público a la hora de inscribir como propios bienes de dominio público, “sin necesidad de previa demostración de su titularidad y sin tener que ofrecer ninguna explicación al respecto”.

Para MHUEl, este artículo convierte de hecho a los representantes eclesiásticos en auténticos notarios o fedatarios públicos, una cuestión que la asociación considera que “vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de la Constitución”.

En este sentido, MHUEL ha tratado, a través de diversas iniciativas, averiguar los bienes inmatriculados por las diócesis aragonesas para informar de estos hechos a los municipios aragoneses que puedan estar afectados. “El Gobierno y el Ministerio de justicia se han negado hasta el momento a facilitar información al respecto”, señaló ayer la entidad en un comunicado.

Por este motivo, MHUEL “avisa y hace un llamamiento a los alcaldes de todos los municipios de Aragón para que acudan a los registros de la propiedad para verificar la titularidad de propiedades en el caso que éstas sean susceptibles de duda sobre su titularidad por distintos motivos”.

La advertencia se refiere igualmente a los bienes inmuebles y fincas anexas a ermitas, abadías y monasterios que puedan ser objeto de discusión sobre su legítimo propietario o sobre los que no conste documentación.

“Respetamos las creencias o no creencias de la ciudadanía, pero queremos salvaguardar el interés público a la hora de impedir que ciertas leyes que otorgan privilegios que consideramos anticonstitucionales agravien y perjudiquen el patrimonio público”, afirmó MHUEL en la misma nota.

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