Viaje de Estado

 

 

Recientemente hemos conocido unas declaraciones del Papa Francisco en las que nos hacer saber que ¨Los comunistas le han robado a la iglesia la bandera de los pobres¨. Tengo alguna duda acerca de la ¨infalibilidad¨ del pensamiento de Bergoglio.

Según la Iglesia Católica el Papa es infalible en cuestión de dogmas de fe. Esto es algo tan inconcreto y de tan difícil demostración que cuando la realidad indica que el Papa de turno estaba equivocado, sacan el dogma del cajón de la fe y lo pasan al cajón de cosas mundanas. En las mundanas el pontífice puede equivocarse. De esta forma llevamos siglos con Dogmas infalibles y desmentidos posteriores.

En sus declaraciones a Il Messagero, no sabemos si utiliza su don de infalible, o por el contrario nos obsequia con una opinión terrenal. En cualquier caso es fiel a la esencia de la Iglesia Católica de atribuirse la propiedad de todo aquello que nadie exhibe como propio.

Arroga a la Iglesia Católica la propiedad de la bandera de los pobres, de igual forma que los Obispos españoles inmatriculan bienes a su nombre a precio simbólico y así se hacen con la propiedad de la Mezquita de Córdoba o de cientos de casas parroquiales, o con miles de ermitas, o con múltiples huertos y fincas del cura. En mi modesta opinión a los pobres españoles no les importaría lo mas mínimo que la Iglesia recuperara la bandera a cambio de devolver los bienes a los ciudadanos.

El buen Francisco soslaya que, siempre que la Iglesia Católica ha levantado una bandera, ha sido para conducir a los pobres como carne de matadero en las múltiples guerras y tropelías que ha provocado la institución en defensa de sus beneficios y prerrogativas.

Después, una vez alcanzados sus fines, ha cambiado la enseña por un señuelo con el que ha mantenido a los pobres maniatados al poder y por mor de la caridad agradecidos a la sacra institución. La Iglesia sigue enarbolando la bandera de la caridad, nunca la de la justicia. La justicia genera derechos, la caridad engendra agradecidos.

Francisco cumple fielmente lo que estipulan los evangelios, se posiciona en sus declaraciones al lado de los desfavorecidos, de los marginados, de los perseguidos, de las mujeres,… eso sí, solo de palabra. ¿Para cuándo la firma de la carta universal de derechos humanos? ¿Para cuándo el reconocimiento efectivo de la igualdad de la mujer? ¿Para cuándo la condena de regímenes totalitarios paseados bajo palio? ¿Para cuándo el reconocimiento del derecho a una muerte digna? ¿Para cuándo respetar los avances de la ciencia que desmontan las creencias? ¿Para cuándo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo?

Demasiadas preguntas. Necesita tiempo para contestar y no lo tiene porque está cobrando el vasallaje y recibiendo pleitesía de los monarcas de España.

El nuevo Jefe de Estado español que en su discurso de investidura repitió lo mentado por su progenitor, aquello de ¨Todos somos iguales ante la ley¨. Fue un lapsus sin importancia, en realidad quiso decir ¨Todos VOSOTROS sois iguales ante la ley, yo y ahora mi padre estamos al margen¨. El gobierno ha corrido a aforarlo no vaya a ser que tengamos sorpresas con cualquier juez Castro de turno.

Otro lapsus que ha corrido a corregir el monarca ha sido el guiño de normalidad constitucional que hizo en la ceremonia de nombramiento y jura de nuevo empleo al prescindir de actos, ornamentos y simbología religiosa durante el evento.

Un lapsus que rápidamente ha corregido a toda velocidad, entre todos los países que hay en el mundo con los que España mantiene relaciones ha elegido para realizar su PRIMER viaje oficial como Rey de España, a la grandiosa potencia mundial conocida como Estado Vaticano.

EL Obispo de Roma se ha reunido con el Rey de España. Mientras uno reclama la propiedad de una bandera, el otro en su toma de posesión decía que cabemos todos al mismo tiempo que se impedía el acceso al espacio común a los que portaban determinadas enseñas. La cosa va de banderas.

El Papa dice que le han robado una, la de los pobres. Los vasallos del Rey han secuestrado y ocultado otra por republicana y anti-sistema.

Estando en tan buena sintonía los dos soberanos me da la nariz que va a ser la misma

Artículo del socio de MHUEL  José Antonio Luque Carreiras

Carlos Herrera y la Mezquita

 

Acabo de leer en el Semanal el panfleto político disfrazado de artículo de opinión en el cuál el
escribiente Carlos Herrera teoriza sobre la propiedad de la mezquita de Córdoba en contra de
posturas que defienden la propiedad del Estado.

Como es habitual utiliza un argumentario plagado de insultos y falsas descalificaciones, desliza
sutilmente que las asociaciones opositoras lo son por intereses oscuros, y deja entrever que esos
intereses son fundamentalmente económicos.

Según él, únicamente están defendiendo subvenciones recibidas por oponerse a los privilegios de
su amada iglesia católica. Naturalmente no hace referencia alguna a sus propios beneficios que
siempre son legítimos y no como los de los anticlericales que siempre son espurios. Su empresa
puede tener millones en ayudas oficiales en forma de publicidad institucional o similares, millones
que entre otras cosas permiten pagarle su fantástico sueldo. Ese punto se le olvida de forma
voluntaria y deja ver de manera canallesca lo perversos y protegidos que son los discrepantes.
Es un trabajo baldío tratar de explicar a personajes del nivel intelectual del autor del libelo que es lo
qué se solicita, qué es lo que se defiende, y contra qué se posicionan. Vamos a ello, aunque Herrera
no lo entienda.
Se solicita que de una vez se derogue en su totalidad el arcaico concordato con la santa sede, que
provoca que España siga siendo el granero particular del minúsculo, peculiar y teocrático Estado
Vaticano. Estado que sigue sin firmar la declaración universal de derechos humanos de la ONU, entre
otras cosas sin importancia.

Las organizaciones laicistas que el ínclito menosprecia con tanta saña, tan solo pretenden que se
cumpla la Constitución Española en el punto que hace referencia a la aconfesionalidad del estado. A
él probablemente le gustaría tener un congreso de los diputados repleto de sotanas, pero para ello
deberían pasar previamente por las urnas, y no parece que estén muy dispuestos. Prefieren el poder
en la sombra a la transparencia de la votación. Los obispos son conscientes que ya hay partidos
suficientes, con ministros incluidos, que defiendan su momio.

Los laicistas solicitan esto porque defienden un estado en el que las creencias no otorguen
privilegios y queden enmarcadas en el ámbito privado y estricto de la vida intima de las
personas. Por el simple motivo de tener creencias diferentes, o simplemente no tener ninguna, las
organizaciones laicas se sienten en la obligación de defender los derechos de los que no procesionan
tras los santos.

La defensa ideológica de Herrera está muy cerquita de la postura que mantienen los imanes de Irán,
aunque él no lo sepa. La única diferencia es el nombre del dios, el resto es calcado. La intromisión de
creencias religiosas en la gestión de derechos ciudadanos está muy superada en los países con
sólidos cimientos sociales. Son los países de pandereta como el nuestro, los que siguen dando
cancha a los representantes de teorías, que aprovechan la poca formación y la escasez de desarrollo
cultural para mantener sus supersticiones como faros de conducta. En los países en los que las
estructuras sociales impulsan la capacitación individual como motor de crecimiento, no se permiten
injerencias, no se regalan prebendas, y no se actúa al dictado de jerarquías eclesiales.
Para solicitar un estado civil, y defender su hegemonía ante poderes externos los ciudadanos se
posicionan contra iniciativas que otorgan sinecuras y bienes a organizaciones con fines privativos.
Estar en contra de la inmatriculaciones de bienes por parte de la iglesia católica, es defender los
bienes de todos contra el expolio. Esos bienes que se están auto otorgando, gracias a una ley del
siglo pasado actualizada y ampliada por un gobierno cretino. Las catedrales, iglesias, casas
parroquiales, ermitas, y huertos del cura, no surgieron como las setas, al igual que los olivos de
Miguel Hernández
¨no los levanto la nada, ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada, el trabajo y el sudor¨,

El trabajo y sudor fue de los habitantes de pueblos y ciudades, y a ellos pertenecen. Apropiárselos
valiéndose de una artimaña legal es una falacia. Una más de la bendita institución que tan
ardorosamente defiende el locutor con argumentos que perfectamente podría firmar un macaco de
Borneo.

 

 

Artículo de opinión del socio de MHUEL  José Luque Carreiras

La propiedad de las ermitas, bajo vigilancia

Leer nota de prensa

Una entidad avisa a los pueblos para evitar que la Iglesia se las adjudique

EL PERIÓDICO 08/11/2013

La ermita de San Mateo de Gállego es objeto de litigio.Foto:EL PERIÓDICO

La asociación aragonesa MHUEL (Movimiento hacia un Estado Laico) ha realizado un llamamiento público a todos los municipios de la comunidad para que vigilen posibles cambios de edificios de uso religioso en el Registro de la Propiedad, a raíz del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que faculta a obispos y arzobispos a actuar como miembros de una corporación de derecho público a la hora de inscribir como propios bienes de dominio público, «sin necesidad de previa demostración de su titularidad y sin tener que ofrecer ninguna explicación al respecto».

Para MHUEl, este artículo convierte de hecho a los representantes eclesiásticos en auténticos notarios o fedatarios públicos, una cuestión que la asociación considera que «vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de la Constitución».

En este sentido, MHUEL ha tratado, a través de diversas iniciativas, averiguar los bienes inmatriculados por las diócesis aragonesas para informar de estos hechos a los municipios aragoneses que puedan estar afectados. «El Gobierno y el Ministerio de justicia se han negado hasta el momento a facilitar información al respecto», señaló ayer la entidad en un comunicado.

Por este motivo, MHUEL «avisa y hace un llamamiento a los alcaldes de todos los municipios de Aragón para que acudan a los registros de la propiedad para verificar la titularidad de propiedades en el caso que éstas sean susceptibles de duda sobre su titularidad por distintos motivos».

La advertencia se refiere igualmente a los bienes inmuebles y fincas anexas a ermitas, abadías y monasterios que puedan ser objeto de discusión sobre su legítimo propietario o sobre los que no conste documentación.

«Respetamos las creencias o no creencias de la ciudadanía, pero queremos salvaguardar el interés público a la hora de impedir que ciertas leyes que otorgan privilegios que consideramos anticonstitucionales agravien y perjudiquen el patrimonio público», afirmó MHUEL en la misma nota.

¿Si no es de nadie lo pongo a mi nombre?

 

04/11/2013 El periodico de Aragon

 

La Iglesia registró en 2006 a su nombre como catedral la mezquita de Córdoba, por 30 euros. Una propiedad que no paga IBI y en la que se cobra entrada. Ha sido la más sonada de las inmatriculaciones –atribuirse propiedades sin dueño conocido–, pero no la única. En Navarra se han detectado más de 1.200 y está por conocer cuántas en otros lugares. No es fácil, ya que ese trámite no es necesario comunicarlo. Pero las instituciones civiles están obligadas a velar por el patrimonio común, aunque no estén mostrando demasiado interés en la campaña lanzada por organizaciones laicas.

Los laicistas investigan los bienes registrados por la Iglesia en Aragón

El PP negó la información hasta tres veces en el Congreso a preguntas de La Izquierda Plural. La ley permite a la institución católica atribuirse propiedades sin dueño conocido, sin comunicarlo

 

F. MANTECÓN 03/11/2013 El periodico de Aragon

Como Pedro negó a Jesús, tres veces, así el Gobierno de Rajoy declinó el año pasado, hasta en tres ocasiones, ofrecer información a preguntas del diputado de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, sobre los bienes que posee las diócesis de la Iglesia Católica en Aragón, particularmente los que ha registrado desde 1998. La comunidad perdió así la vía política para engancharse a la lucha que desde hace cinco años mantienen muchos pueblos de Navarra, a los que el Gobierno anterior sí ofreció en su día esta información: descubrieron así que la Iglesia había inscrito a su nombre hasta 1.200 propiedades de la comunidad foral, que desde entonces los ayuntamientos luchan por recuperar.

Ante el bloqueo político, el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) en Aragón se ha propuesto conseguir, por vías más tortuosas, la información sobre estos bienes. No es, insisten, por atacar a la Iglesia, sino porque la legislación en la que se ampara la institución para registrar bienes a su nombre atenta, a su juicio, contra la aconfesionalidad del Estado.

EN NAVARRA

La polémica de las inmatriculaciones –término que se refiere a la primera inscripción de un bien en el registro– surgió en Navarra, aunque hay ejemplos polémicos por toda España. En Aragón hay pocos, en gran parte debido a la falta de información.

El problema deriva del cambio del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, llevado a cabo en 1998 por el Gobierno de José María Aznar sin someterlo a votación. Hasta entonces, la Iglesia ya tenía potestad para inscribir a su nombre, y sin comunicarlo a la Autoridad –es decir, con el obispo o arzobispo ejerciendo de facto como notario–, los bienes que considerase suyos y no tuviesen propietario conocido. Pero había una excepción, la de bienes de culto. El PP eliminó esa salvedad.

Según explica el decano del Colegio de Notarios de Aragón, Francisco Pizarro, el régimen especial de inscripción del que goza la Iglesia, al mismo nivel que ayuntamientos u otras administraciones públicas, no es una barra libre, pero sí tiene requisitos «más laxos» que los procedimientos habituales para adjudicarse un bien. En Navarra, han utilizado argumentos como que les pertencen «desde tiempo inmemorial» o que fueron levantados «por el pueblo de Dios».

Según explica Pizarro, tras el registro existe un periodo de dos años para presentar alegaciones. El problema es que, al no existir obligación de dar publicidad a este registro, los ayuntamientos no pudieron protestar. Simplemente, no lo sabían. Tras 20 años llega la prescripción, y el bien pasa a integrar, de forma prácticamente blindada, el patrimonio de la Iglesia. En la comunidad foral ya ha habido casos en los que se han vendido bienes inscritos con el procedimiento, comprados por 20 o 30 euros.

Al destaparse el escándalo en la comunidad vecina, MHUEL mantuvo contactos con los grupos políticos aragoneses para interesarse por la iniciativa, mientra a nivel nacional algunos grupos –el PSOE llegó «deliberadamente tarde», según denunció Europa Laica– se movilizaban para derogar o cambiar el artículo 206. Pero el Senado tumbó la iniciativa.

El Gobierno de Rudi informó al diputado Luis Soro de que no tenía la información que le solicitó –lógico, al no tener que comunicárselo–, aunque sí conocían un ejemplo. En el Congreso, Chesús Yuste tuvo aún menos fortuna. El Gobierno le contestó primero que los registros no eran de su competencia; al recordarle que sí estaban bajo el control de Justicia, argumentó que la Ley de Protección de Da-

Los ayuntamientos reclaman bienes inmatriculados y el pago del IBI a la Iglesia

Solo en Navarra han sido inmatriculadas más de 1200 propiedades por la Iglesia

Vecinos han observado como la Iglesia inmatricula ermitas levantadas y mantenidas por el pueblo

Las comunidades tratan de contabilizar los inmuebles adquiridos tras estos privilegios fiscales

Laura Bautista

“La Iglesia es un paraíso fiscal”. Así valora Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, los diferentes privilegios que el Estado español otorga a los eclesiásticos. Aunque algunos de estos beneficios se remontan décadas, incluso predemocráticas, es ahora, cuando la crisis ha dejado las arcas municipales tiritando, cuando numerosos pueblos españoles se han topado con la congregación religiosa y el derecho que la ampara. Varias regiones han descubierto que algunas propiedades que creían de su patrimonio, en ocasiones construidas o conservadas por los propios vecinos, son ahora dominio de la Iglesia.

Pocos conocían el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 hasta ahora, que ha pasado a ser la causa de un auténtico revuelo. Esta ley, que amplió sus atribuciones con el gobierno de José María Aznar en 1998, legitima el poder de la Iglesia de inscribir como dominio suyo cualquier inmueble o terreno que no tenga propietario registrado. Cualquier ciudadano se vería obligado a acudir a un notario, pero en este caso la Iglesia se vale por sí misma, ya que un obispo puede ejercer como fedatario público, es decir, puede dar fe de este certificado de propiedad y hacerlo efectivo. Gracias a esta particularidad la Iglesia ha procedido a la inmatriculación de cerca de 1.200 bienes que se encontraban sin registrar desde 1998 hasta 2007.

Según ha descubierto la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, las inmatriculaciones son una práctica muy habitual para la curia. Precisamente esta organización fue la que destapó la polémica costumbre de la Iglesia de vincular a su nombre propiedades sin registrar. Tras un proceso parlamentario, en Navarra han logrado que se realice un inventario de los bienes pertenecientes al arzobispado de Pamplona y obispado de Tudela y el resultado ha sido tan sorprendente como controvertido. Entre 1998 y 2007, además de lugares de culto, han pasado a sus manos fincas, terrenos de pasto, viñas, almacenes, viviendas, trasteros, etc. La lista de propiedades de las que se ha adueñado la Iglesia supera el millar de terrenos, muchos sin ningún fin religioso. “Extienden a lugar de culto todo tipo de propiedades”, asevera Picó, “de esta manera legitiman el registro de cualquier terreno”.

Lo mismo ocurrió en Aragón, donde buscaron hasta con tres preguntas parlamentarias en el Congreso el listado de bienes adjudicados a la Iglesia. No se obtuvo resultado. La respuesta del Ministerio de Justicia a la consulta del diputado Chesús Yuste, miembro del partido nacionalista aragonés Chunta Aragonesista, fue tajante: “En el Ministerio de Justicia no se dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias”. Esta es la primera traba con la que se ha encontrado la comunidad, que ha paralizado todo el proceso por considerar que hacer dichas averiguaciones es como “buscar una aguja en un pajar, tendríamos que consultar finca por finca”, asegura Jorge García, portavoz de Movimiento Hacia Un Estado Laico de Aragón. “El hecho de que una religión tenga atribuciones estatales es contradictorio e ilegítimo”, añade. García cree que este ocultismo de los datos supone una barrera importante. “Es una trampa”, asegura García, “existen intereses enfrentados y una gran falta de transparencia”.

«La mayor propietaria de España»

En este asunto, la Conferencia Episcopal Española remiten al monográfico sobre su financiación, aunque los datos más recientes que ofrecen son de 2010. “No tenemos constancia de los conflictos sobre IBI o inmatriculaciones”, se limitan a asegurar, y añaden que no es un tema de su competencia «sino de la diócesis correspondiente”. Así mismo, Isidro Catela, director de la Oficina de Información de la CEE, sostiene que los privilegios son “una medida de incentivo fiscal con la que el Estado reconoce las actividades de interés general que realizan muchas instituciones”, y considera que “es lógico que el Estado promueva e incentive, también fiscalmente, a quienes trabajan a favor del bien común.”

“La Iglesia Católica es la mayor propietaria en España, incluso por encima del Estado”, asegura Picó. Entre sus inmuebles se encuentra la Mezquita de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad, que ha sido inmatriculada, con el coste mínimo de tasas notariales. Sin embargo, para visitar este edificio hay que pagar entrada,  “con lo que recaudan hasta ocho millones de euros anuales”, cuenta el responsable de comunicación de Europa Laica.

En Guipúzcoa, el obispo ha registrado el solar de la catedral del Buen Pastor a su nombre, a pesar de haber sido un terreno cedido para la construcción del edificio en un acuerdo en 1887, donde quedaba claro que la propiedad del suelo era municipal y que, en el supuesto de que la Iglesia abandonase el uso, volvería a manos del ayuntamiento.

En una batalla legal se vieron envueltos también los vecinos de Ribadulla, una aldea gallega donde el Obispado de Lugo ha puesto en venta el terreno en el que se erige la pequeña capilla, que ellos mismo han conservado y financiado. Ante la negativa de los vecinos, el obispo les ha denunciado, además de dejarles durante cuatro meses sin misa. Algo parecido sufrieron los residentes de Lerga, Navarra, cuando en septiembre de 2011 el Obispado trató de inmatricular la iglesia de Albaiz. Tras las reiteradas quejas de los vecinos, se rectificó y el edificio pasó a ser propiedad municipal.

Otro de los inmuebles registrados según este procedimiento, fue el Hogar del Peregrino en Pamplona, que el ayuntamiento de la localidad tuvo que comprarle a la Iglesia para recuperar su uso público. El coste de este inmueble sostenía cifras cercanas al medio millón de euros, además de 2.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de una parroquia

 

Laura Bautista

 

 

Inmatriculaciones en Twitter(Contestacion del Ministerio)

El pueblo aragonés tiene derecho a saber cuantos bienes han podido inmatricular las diócesis aragonesas , así como también tenemos derecho a una información transparente por parte del gobierno de la nación.
Cualquier traba que entorpezca estos derechos , solo producen déficit democrático , descrédito de las instituciones y aumentan la sensación de privilegio para la Iglesia Católica por parte del Estado , cuestión que evidencia a todas luces el incumplimiento del principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16.3 de nuestra vigente constitución ,otorgando un comportamiento de facto de vivir en un Estado y en una sociedad basada en el Nacional-Catolicismo.

    Agradecemos públicamente a los grupos de Izquierda Unida en Aragón y de Chunta Aragonesista y a su diputado común Chesús Yuste el trabajo que están realizando y les animamos a que no cejen en el empeño de seguir luchando en este tema.

Contestacion Ministerio solicitud inmatriculaciones

El ayuntamiento [de Pamplona] se posiciona en contra de los beneficios fiscales a favor de la Iglesia

Os recomendamos el siguiente enlade de un amigo , simpatizante de MHUEL y concejal por el PSN en el ayuntamiento de Pamplona  Jorge Mori Igoa , sobre la iniciativa que han presentado en el Consistorio Pamplonica.

Desde MHUEL nos agrada muchísimo que los partidos políticos , en este caso el PSOE / PSN asuman las responsabilidades por y para la consecución de un Estado verdaderamente Laico acorde con nuestra vigente constitución y traten de expresar nítidamente que los privilegios de la Iglesia Católica en este País ( Concordato , inmatriculaciones , execciones de IBI etc ) son anomalías dignas de ser corregidas de una vez por todas.
Nos gustaría agradecer en nombre de Mhuel a Jorge Mori y a sus compañeros de partido por esta iniciativa tan justa y resfrescante.

El ayuntamiento [de Pamplona] se posiciona en contra de los beneficios fiscales a favor de la Iglesia y cualquier otra confesión, y contrario a las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia.

Inmatriculaciones, programa de «Salvados»

Enlace al  excelente programa de «Salvados», sobre las inmatriculaciones, que emitió la Sexta el domingo 22 de abril.
Ha sido récord de audiencia del programa, con 4,8 millones de espectadores.

Como veréis, es demoledor. Vale la pena verlo y divulgarlo.

http://www.lasexta.com/sextatv/salvados/completos/salvados__que_dios_te_lo_pague/603853/1

Aquí teneis el programa completo:

 

Si quieres más información sobre el tema no dudes en visitar el post ¿Qué son las inmatriculaciones? y la web de la  Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro

 

En nombre de Dios, vergonzoso…

Artículo escrito por Juan del Barrio, de la Plataforma de Defensa del patrimonio Navarro.

La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de culto de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro fue que, disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura ni existen baños y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque haya, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior.

Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado. Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral.

Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al año: una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy.

 Juan del Barrio